Los presidentes de las Mancomunidades se apuntan a cobrar un sueldo

Lo que era un hecho poco frecuente va camino de convertirse en algo previsible. El esquema tradicional de que los cargos públicos reciban un sueldo por su labor empieza también a llegar a un gigante administrativo, las mancomunidades, en las que, hasta hace poco, solo sus gerentes cobraban un salario fijo al mes. Hasta la pasada legislatura no era habitual -salvo en el territorio cacereño- que presidentes, vicepresidentes y responsables de áreas cobrasen retribuciones. Ahora, alguno de ellos, siendo alcaldes, están cobrando 1.800 euros netos al mes por dedicación exclusiva mientras que la media liberación, como mínimo, llega a los 800 euros. PP y PSOE, que controlan 26 de las 28 mancomunidades extremeñas, lo justifican por el volumen de trabajo que conllevan. «Cuando un político se libera es que se va a dedicar a trabajar. Todas las mañanas vengo a la sede y mi sueldo fue algo que mi partido consideró adecuado para desarrollar mejor el trabajo», resume Salvador Isidro, alcalde de Ruanes, con 80 habitantes, aunque su puesto de trabajo habitual está en Torre de Santa María, sede de la mancomunidad integral de Montánchez-Tamuja. Por eso cobra 1.500 euros netos al mes. Es la primera vez que un presidente de esa entidad cobra. «Las mancomunidades tenemos una gran cartera de servicios. La nuestra maneja, por ejemplo, tres millones de euros. Eso requiere su dedicación», razona Isidro (PP), quien, en todo caso, destaca que cobra menos que otros presidentes.Pone como ejemplo los de los socialistas que dirigen las de La Vera o Gata, con un salario de 1.800 euros netos al mes. 1.500 por mensualidad recibe el presidente -del PP- de la del Jerte, Félix Díaz, alcalde de Rebollar, con una dedicación parcial del 80 por ciento. En la del Valle del Alagón, en manos del PSOE, su presidente, Francisco J. Antón, alcalde de Guijo de Galisteo, recibe, con dedicación del 50 por ciento, 1.343 euros brutos al mes, con catorce pagas. Variaciones Otro caso a tener en cuenta en la mancomunidad de Tajo-Salor, la primera en número de habitantes (unos 28.000) y en presupuesto (el año pasado movió unos 5 millones) en la provincia de Cáceres. El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, es su presidente y, por ello, cobra media liberación, 1.400 euros brutos al mes en catorce pagas, «lo mismo que el anterior presidente socialista, Luis Amado, de Mata de Alcántara», apostilla. Aguilera reseña que trabaja dos mañanas y dos tardes en la sede de la entidad, en Arroyo de la Luz, y tiene claro que esa dedicación «debe ser remunerada porque la mancomunidad tiene un volumen de trabajo importante. No es lo mismo esta que una que no tenga más de 5.000 habitantes y un presupuesto de 500.000 euros», agrega. Al noreste, la mancomunidad integral de Campo Arañuelo tiene aprobada la posibilidad de que su presidente cobre 900 euros limpios al mes. El anterior presidente, el socialista José García, los recibió. Ahora, Sabina Hernández (PP) es su presidenta, aunque, por ahora, no los cobra. Eso sí, Hernández recibirá 2.800 euros netos al mes como liberada por el Consistorio de Almaraz. «En Cáceres hay más liberaciones porque hay pueblos más pequeños que permiten a los alcaldes dedicarse con más intensidad a las mancomunidades», resume Isidro. Fuera de micrófono, varios alcaldes admiten a HOY que el sueldo que puede abonar una mancomunidad en esa provincia, por lo general, es mucho más alto que el que puedan recibir de sus ayuntamientos. Pero las retribuciones no solo están en el norte de la región. Al sur, en Llerena, el PP defiende que la mancomunidad de aguas y servicios mantenga dos salarios, dos medias liberaciones, una para el presidente, de su partido, y otra para el vicepresidente, de IU, gracias a la cual controla la entidad. «Entre los dos (1.932 euros brutos al mes) cobran menos de lo que antes lo hacía el presidente, del PSOE», indican. Al este, en la de La Serena, la principal mancomunidad de la región por su presupuesto, unos 6 millones de euros cada año, también hay doble sueldo, para el presidente y una responsable de área, ambos socialistas. Asistencia a plenos y juntas La traslación de las retribuciones para cargos políticos en mancomunidades se vislumbra también, al igual que en un ayuntamiento, en las diputaciones o en la Asamblea, en el cobro por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones. En la de La Serena, por ejemplo, por lo primero se paga 90 euros, 67,50 por juntas y 45 por comisiones. En la de Montánchez, 50 euros por plenos y juntas de gobierno, en la del Jerte, 30 por ambos aspectos y 27 en la del Valle del Alagón por plenos. Frente a ese panorama, otras mancomunidades importantes como la de Zafra-Río Bodíón, Sierra Suroeste y Llanos de Olivenza, las dos primeras en manos del PP y la última, en la del PSOE, no pagan salarios a sus cargos políticos directivos. «A este paso, vamos a ser noticia los presidentes de mancomunidad que no cobramos en lugar de los que cobran», medio bromea Juan José Amo (PP), al frente de la de Zafra. No obstante, Amo, alcalde de La Morera, advierte que «la verdad es que cada vez asumimos más tareas y responsabilidad. No digo yo que quizás una pequeña compensación no sea razonable», concluye. Además de las mancomunidades, los grupos de acción local también van adquiriendo cada vez más notoriedad y en ellos también se van imponiendo las retribuciones. Las entidades mancomunadas mueven ya más de 60 millones y dan trabajo a unas 1.400 personas, aunque las perspectivas para 2012 son de recorte de fondos y servicios. Buena parte de ese dinero llega de la Administración autonómica. En agosto, el presidente de la Diputación cacereña, Laureano León, se mostró partidario de suprimir las mancomunidades. Su compañero Salvador Isidro no está de acuerdo. «Mientras los servicios que tenemos sigan así, tienen que seguir existiendo. Lo que sí apoyo es que los municipios se asocien de manera voluntaria, no que prácticamente se nos obligue a ello para tener derecho a servicios», finaliza.

Sin categoría | 21 noviembre 2011

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